23 dic. 2009

Nueva Ley de Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

El Consejo de Ministros, de 23 de diciembre, ha recibido un Informe de la Ministra de Ciencia e Innovación sobre la situación en que se encuentra el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, actualmente en la fase final de redacción. Esta Ley abordará los cambios necesarios para consolidar al sistema científico español en la vanguardia internacional y hacer que el conocimiento generado por los científicos y tecnólogos españoles contribuya más eficazmente al desarrollo social y al progreso económico del país.


El borrador actual del Anteproyecto, del que se derivará en las próximas semanas un texto consensuado, recoge las aportaciones que durante los últimos meses, mediante un proceso abierto y participativo, que ha empleado herramientas de la web 2.0, han realizado los agentes sociales, las Comunidades Autónomas, numerosas asociaciones representativas de agentes del sistema científico y universitario, así como un buen número de expertos y ciudadanos interesados.

A partir de las sugerencias incorporadas al primer borrador que se hizo público, la intención del Gobierno es que el Anteproyecto de Ley alcance el mayor consenso posible. Por este motivo en las últimas semanas el Ministerio ha intensificado los contactos con todos los agentes del Sistema de Ciencia y Tecnología, con especial atención a los agentes sociales. Esta ronda final permitirá dar a conocer las novedades y mejoras respecto al primer borrador y cerrar un texto consensuado para el Anteproyecto, antes de su aprobación como Proyecto de Ley por el Consejo de Ministros.

Necesidad de la nueva Ley

La vigente Ley de la Ciencia, impulsada por el Gobierno socialista en 1986, marcó el nacimiento de un sistema científico moderno y equiparable al de las países más avanzados, un sistema científico que durante los últimos años ha despegado definitivamente gracias al importante impulso político y presupuestario que ha recibido desde 2004 y que ha convertido a España en la novena potencia científica mundial.

La reforma de la actual Ley es necesaria para consolidar los importantes avances registrados por la ciencia española en los últimos años y, en especial, para dotar a los investigadores de una carrera científica atractiva y socialmente reconocida, que favorezca su movilidad y que facilite su labor investigadora mediante un modelo de evaluación y financiación de la ciencia más ágil y flexible.

Por otra parte, desde 1986 se han producido dos cambios sustanciales en la realidad del sistema de ciencia, tecnología e innovación a los que la nueva Ley debe dar respuesta: España se ha consolidado como un importante Estado miembro de la Unión Europea, convergiendo hacia la media europea en diversos ámbitos. Además, se ha producido el desarrollo de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas, acompañado de un importante impulso a sus respectivas políticas de ciencia e innovación.

Hay que destacar que la Ley está incorporada en la Estrategia de Economía Sostenible y también profundizará en algunos aspectos del cambio de modelo productivo referentes al papel de la ciencia y la innovación, que ya se han avanzado en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible.


OBJETIVOS DE LA LEY

El borrador del Anteproyecto de Ley se estructura en torno a los siguientes temas clave:

  • Una carrera científica socialmente reconocida

La Ley permitirá a los investigadores que trabajen en España contar con una carrera científica estable, predecible, basada en méritos y socialmente reconocida, que responde a las aspiraciones de los jóvenes científicos, el personal investigador en formación, pero que reconozca también el esfuerzo de los más veteranos. El objetivo último es incrementar los recursos humanos dedicados a la investigación en España, no sólo cuantitativamente, sino también cualitativamente, es decir, mejorar las condiciones laborales de los investigadores.

Particularmente, en el ámbito de los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) adscritos a la Administración General del Estado se define una carrera estructurada en torno a un nuevo diseño de escalas científicas, con un régimen de selección, retributivo y de promoción homogéneo para todos estos Organismos y que fomente la movilidad entre ellos. También prevé la movilidad entre los diversos agentes del sector público (particularmente entre OPIs y Universidades) y entre estos y el sector privado.

Además, la Ley creará el denominado contrato de investigadores distinguidos, al que se podrán acoger los agentes que quieran contratar investigadores de reconocido prestigio, para dirigir proyectos científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia.

  • Organización del Sistema Español de Ciencia y Tecnología

La Ley definirá dos nuevos instrumentos de planificación: la Estrategia Estatal de Ciencia y Tecnología y la Estrategia Estatal de Innovación, a lo que hay que sumar la creación de un Consejo de Política Científica y Tecnológica como órgano de coordinación. Este último organismo estará compuesto por los Departamentos ministeriales con competencias en la materia y las Comunidades Autónomas.

También establecerá una Comisión Consultiva de Política Científica y Tecnológica como órgano de participación de los agentes sociales y la ciudadanía en los asuntos relacionados con la ciencia, la tecnología y la innovación.

  • Modernización de la ciencia y apertura a la sociedad

La Ley apostará por la difusión universal del conocimiento, a través de la promoción de la publicación “en abierto” de las investigaciones financiadas con fondos públicos. Asimismo, hará especial hincapié en la cooperación científica al desarrollo y en el fomento de la cultura científica y tecnológica como actividades propias de los investigadores, con el objetivo de acercar la ciencia a la sociedad. También fomentará el mecenazgo en el ámbito de la ciencia y la tecnología.

  • Un modelo de financiación similar al de los países más avanzados

La Ley avanzará hacia un modelo organizativo moderno para la evaluación y la financiación de la ciencia. Se trata de un modelo similar al existente en los países más avanzados de nuestro entorno, que dotará de mayor autonomía, más flexibilidad y más agilidad a estas actividades, y, al mismo tiempo, garantizará el máximo control sobre la gestión de los fondos públicos.

  • Una Ley para contribuir al cambio de modelo

Además, la Ley abordará diferentes aspectos previstos en la Estrategia Estatal de Innovación e incorporará novedades en el ámbito de la cooperación público privada con fines científicos y tecnológicos y en los mecanismos de transferencia del conocimiento al sector productivo, profundizando y complementando lo previsto ya en la Ley de Economía Sostenible.

Imágenes: dreamstime.


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