Plantea un recorte generalizado del gasto que afectará a todas las partidas, excepto a pensiones, prestaciones por desempleo y ayudas a la dependencia, educación e I+D+i, con un impacto equivalente al 2,6 por 100 del PIB en el periodo. Las principales actuaciones se centran en reducción de gastos de personal (-0,3 por 100 del PIB), gastos de funcionamiento (-0,2 por 100), inversiones (-0,5 por 100) y transferencias y otros gastos (-1,6 por 100).
Para hacer efectiva la puesta en práctica de todas estas medidas, antes del 1 de mayo el Gobierno aprobará un Plan de Reestructuración del Gasto Público que comportará una revisión exhaustiva de todos los programas y políticas de gasto de la Administración General del Estado y la racionalización de sus estructuras, así como del sector público empresarial.
Asimismo, la aprobación de cualquier nueva actuación de gasto que se quiera emprender en este período deberá supeditarse a los objetivos cuantificados en el Plan de Acción Inmediata y en el Plan de Austeridad, de modo que cualquier medida que propongan los Departamentos ministeriales no podrá suponer un aumento neto del gasto.
Además, los aumentos en la recaudación que sobrepasen la senda prevista de ingresos se dedicarán íntegramente a reducir el déficit público, sin que puedan ser aplicados a financiar aumentos de gasto.
ACUERDO MARCO SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Por otro lado, el Gobierno someterá a la aprobación del Consejo de Política Fiscal y Financiera un Acuerdo Marco sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas con el objetivo de que el ajuste estructural del conjunto de las Administraciones Públicas alcance el 5,7 por 100 del PIB. Si se aprueba, las Comunidades Autónomas tendrán tres meses para aprobar un plan de reestructuración del gasto público, que irá encaminado igualmente al cumplimiento de la reducción efectiva del gasto.
Complementariamente, se propondrá la creación en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera de un grupo de trabajo al que se encomendará el seguimiento de las actuaciones destinadas a reducir el déficit. La base de este seguimiento la constituirán los informes que, trimestralmente, las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas enviarán al Consejo de Política Fiscal y Financiera, recogiendo información anual sobre la totalidad de los gastos realizados y pendientes de aplicar al presupuesto de cada ejercicio.
Además, otro grupo de trabajo tendría por objetivo la elaboración de propuestas de mejora de la eficiencia de los servicios prestados por las Comunidades Autónomas, incluyendo mecanismos de colaboración entre las mismas para optimizar los recursos disponibles, especialmente en los campos de la sanidad y la dependencia.
También se propondrá a las Corporaciones Locales un acuerdo sobre sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 en la Comisión Nacional de Administración Local.
El déficit del conjunto de las Administraciones Públicas españolas en 2009 se estima provisionalmente en el 11,4 por 100 del PIB, frente al 4,1 por 100 registrado en 2008. Este deterioro ha sido consecuencia, tanto del impacto de la crisis en las diferentes partidas de ingresos y gastos, como de las medidas temporales implementadas por el Gobierno para moderar el retroceso de la demanda y apuntalar la confianza.
Entre 2009 y 2013, los ingresos de las Administraciones Públicas registrarán un aumento de 3,7 puntos porcentuales en su participación en el PIB, como reflejo de la evolución de la recaudación impositiva. De esos 3,7 puntos porcentuales, 1,9 corresponden a los impuestos indirectos y 1,5 a impuestos directos. En cuanto a los gastos públicos, reducirán 4,8 puntos porcentuales su participación en el PIB, como consecuencia de la aplicación de las medidas del Acuerdo Marco y la retirada de las medidas temporales.
La deuda bruta sobre el PIB, después de haber aumentado por el voluminoso déficit en que incurrieron las Administraciones Públicas en 2009 y por las aportaciones patrimoniales del Estado a los fondos relacionados con el sistema financiero, retomará en los próximos años una senda más sostenible. Alcanzará un máximo del 74,3 por 100 en 2012.
