18 feb. 2010

Las inspecciones aumentan, las quejas se multiplican y la recaudación disminuye. Menudo panorama de la Agencia Tributaria.

Resulta difícil, en nuestro país, que dos colectivos como: la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios (Asefiget) y la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE) coincidan en el ataque a la gestión de la Agencia Tributaria. Es evidente que no son los únicos, pero sí los que el día de hoy lo han manifestado en los términos que recogemos a continuación.


Es cierto, que el punto de fricción difiere, en la forma, pero puede que no tanto en el fondo.

Por una parte, Asefiget asegura en un comunicado que las Pymes y las Micropymes españolas no pueden ser competitivas, ya que la Agencia Tributaria incordia a los empresarios en vez de luchar contra la economía sumergida. Según esta asociación, la clase media española está financiando de forma exagerada los servicios básicos del Estado, ya que:
Los impuestos abonados por la clase media y los servicios reales que el Estado le permite obtener en estos instantes, observamos a través de sus declaraciones de IRPF que la clase media está abonando impuestos muy superiores a los que se abonan en el resto de la Comunidad Europea.
Se indica, de esta forma, que la presión fiscal española está basada en un acoso a la clase media, que ha de financiar:

  • una sanidad deficiente y con retardos, de complicada utilización por la clase media y los empresarios",
  • una educación en la que "nunca tienen plazas en la zona, o su renta no les permite, por uno u otro concepto, el acceso de forma normalizada a la misma" o
  • una vivienda en el que el coste "en una Comunidad como la de Madrid de una vivienda digna debe rondar los 9.000,00 € anuales de hipoteca".
Por todo ello, se indica que "es difícil explicar que la clase media deba soportar más subidas de impuestos", sobre todo cuando el Gobierno defiende que la clase media española abona menos impuestos que la media europea. Todo ello, según Asefiget, redunda en el hecho de que los empresarios de las Pymes son los que están soportando tales gastos, y eso hace que sus empresas no sean competitivas. El comunicado arremete de forma muy dura contra la Agencia Tributaria, a la que acusan de ser una maquinaria del Gran Hermano que "persigue y sanciona" a los pequeños y medianos empresarios, en vez de luchar contra el fraude fiscal y la economía sumergida.


Por otra parte, la IHE denuncia el afán recaudatorio de la Agencia Tributaria, quien les insta a incrementar un 15% los objetivos marcados, un porcentaje "desproporcionado", "inasumible" con "menores medios materiales y humanos" e "incompatible con un trabajo de calidad".
La IHE, que representa al 90% del sector, considera que "no se debería tratar de paliar el fuerte descenso de la recaudación", por culpa de la crisis", "con una mayor presión en la inspecciones" para obtener más deuda e imponer mayores sanciones.

En rueda de prensa, Francisco de la Torre, portavoz de lo inspectores, ha explicado que el objetivo del 15% se traduce en una recaudación de unos 4.000 millones en actas de inspección, la misma cifra que se registró el año pasado.
El que haya un objetivo de deuda fijado es absolutamente lamentable, sesgado y penoso
Los inspectores dicen que, en todo caso, lo que el fisco debería acometer es un "sustancial incremento de medios materiales y humanos", para poder investigar el fraude fiscal, que se ha disparado a causa de la crisis.

Como ya adelantó MERCADOS, la Agencia Tributaria ha endurecido los criterios de la paga de productividad y recortará los ingresos anuales de aquellos trabajadores que no recauden y sancionen en mayor media. Y es que, la recesión económica ha provocado una importante caída de los ingresos tributarios. Según los últimos datos de Hacienda, entre enero y octubre de 2009, los ingresos cayeron un 21%. La recaudación de los impuestos directos retrocedió un 13,4% y el de los indirectos, un 21%.

La Agencia Tributaria, por su parte, se defiende de estas acusaciones señalando que sólo aumenta la presión que ejerce sobre los defraudadores porque es uno de sus "objetivos irrenunciables", junto a la idea de ofrecer mejores servicios a los que sí cumplen con sus obligaciones tributarias facilitándoles el pago de la deuda con diversos instrumentos, informa Europa Press.

Con este panorama, no olvidemos que en las próximas semanas el Gobierno presenta su plan anti-fraude fiscal y anti-economía sumergida. Lo contaremos.

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