9 abr. 2009

La realidad de los concursos de acreedores en España (I).

Abordamos la situación del procedimiento concursal en nuestro pais, con el objetivo de mostrar la realidad económica y financiera de las empresas implicadas. 
En primer lugar, en esta primera entrada, describimos la situación normativa vigente, ver enlaces adjuntos, con la reciente reforma realizada y una presentación de un trabajo de PwC (100 Preguntas sobre la Ley Concursal) que nos parece interesante para ubicar el ámbito conceptual y práctico del concurso de acreedores. 
Con posterioridad, en siguientes entradas, nos ocuparemos de relacionar dimensión y estructura financiera, calidad de la información contable con desequilibrios financieros.

Señala la norma recientemente aprobada que la evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía española hacen necesaria una rápida reacción legislativa para adecuar a la nueva situación algunas de las normas que inciden directamente sobre la actividad empresarial, así como para seguir impulsando la superación de la crisis mediante el fortalecimiento la competitividad de nuestro modelo productivo.
En respuesta a estos dos objetivos, se aprueba el presente Real Decreto-ley, que afecta a regulaciones sectoriales diversas, como la tributaria, la financiera y la concursal. 
Con respecto a la legislación concursal, la vigente ley se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento es preciso acometer ya una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente. 
Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.