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10 jul 2009

Las aportaciones de la Auditoría a la Empresa (II).

Resulta conocido que la auditoría con sus análisis, recomendaciones e informes aporta soluciones y confianza al entorno empresarial para que desarrolle su actividad económica en las mejores condiciones posibles, lo que comporta indudables beneficios socio-económicos para la sociedad en su conjunto.
En la primera parte de esta entrada se recogieron las cinco primeras manifestaciones del decálogo, referentes a las aportaciones de la auditoría a la empresa, que el Instituto de Censores Jurados de España (ICJE) presentó recientemente. Ahora presentamos las cinco restantes.

Ya comentamos que el decálogo que nos ocupa permite identificar numerosas actuaciones de los auditores que pretenden, desde su independencia y con su alta capacitación técnica, apoyar la buena gestión empresarial, la formación de calidad y la aplicación de un marco regulatorio basado en la convergencia normativa.






Como afirma el ICJE:
Ante esta situación, la auditoría de cuentas se encuentra en el ‘momento adecuado y el sitio oportuno’ para que tanto el tejido empresarial como las instituciones reguladoras y supervisoras aprovechen la decisiva actuación de estos profesionales independientes, que sin duda contribuyen a superar no pocas incertidumbres y complicaciones derivadas de la crisis económica y a que la actividad económica opere y funcione de acuerdo a un mercado libre y en competencia.
Más información: ICJE

15 mar 2009

Los profesionales evalúan el impacto de la Reforma Contable.

La reforma contable, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todas las empresas españolas desde el 1 de enero de 2008, ha introducido un marco conceptual que difiere sustancialmente con los principios contables vigentes hasta entonces.


Con anterioridad comentamos el impacto de la Reforma Contable visto desde la óptica de los usuarios internos (directivos de las empresas implicadas)  y en  esta entrada nos ocupamos de la evaluación que realiza el colectivo de economistas, en particular, el grupo ECIF  (Expertos en Contabilidad e Información Financiera - Consejo General de Colegios de Economistas de España) que Salvador Marín Hernández, presidente ejecutivo del grupo, expone los resultados de una encuesta opinión realizada sobre la aplicación de la nueva normativa y que a continuación recogemos un resumen de la misma:
  • El grado de conocimiento del Nuevo Plan General Contable (NPGC), entre el colectivo de economistas es elevado (media de 4.18 sobre 5; sobresaliente alto). 
  • En relación al tiempo de aplicación el 55%, frente a un 45% que opina lo contrario, indica que se debería haber dado más tiempo para su implantación. 
  • Por lo que respecta a los costes de su aplicación y mejora competitiva, prácticamente un 62% opina que no ofrece grandes mejoras competitivas (escasas) frente a un 38% que opina lo contrario (alguna mejora competitiva para la pyme). 
  • Los conceptos que, según su opinión y aplicación diaria, han supuesto unos mayores cambios cuantitativos han sido, principalmente, en el área del Patrimonio neto (62%), siendo el pasivo solo señalado por el 8%. 
  • Por otra parte, en relación a los conceptos que han presentado mayores complicaciones operativas para la adopción a la nueva normativa figuran como los más elevados la aplicación del «coste amortizado», «Derivados», «Instrumentos Financieros Híbridos», «clasificación y valoración de activos financieros», «aplicación tipo de interés efectivo y adaptación/comparación de las adaptaciones sectoriales». 
  • Un 88% de los economistas consideran que el ICAC (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas) debería hacer público, a la mayor brevedad posible, los efectos de la nueva normativa sobre las adaptaciones sectoriales y/o resoluciones.
  • En relación a la necesidad de abreviar aún más la normativa contable y financiera para las pymes el resultado está prácticamente igualado (57% que SÍ, frente el 43% que NO). 
  • Asimismo, y en relación a un sector concreto en auge los últimos tiempos, el 93% de los encuestados considera que las Fundaciones deberían aportar mayor transparencia en su información financiera.
  • Un 73% señala que el ICAC y/o el Registro Mercantil deberían exigir que todas las cuentas anuales fueran firmadas por economistas expertos, además de los administradores. Entre aquellos que marcaron NO a esta cuestión (27%) destacan una mayoría que variarían su sentido del voto si se clarificara adecuadamente la responsabilidad con esa firma. 
  • Los economistas, en un 67% frente a un 33%, no hubieran preferido aplicar directamente las NIC (/NIIF (67%). 
  • Por último señalan que un 80% abogaría por aplicar el valor razonable a los inmuebles, también en caso de alza del mismo o actualización de valor, aunque entre éstos establecen que este cambio debería hacerse cada 4-5 años (67%). 
Añade Salvador Marín Hernández que:
En definitiva, entre el colectivo de economistas en la pyme, consultoría, auditorías, entidades públicas, asesorías, etcétera, la formación ha sido intensa. Los problemas operativos  o cuantitativos coinciden con los que a nivel conceptual o de cambio eran los más acusados (algunos de ellos no de gran aplicación en las empresas más pequeñas) y que además han apreciado en este tiempo la necesidad de actualizar otras normas contables y financieras que más afectan a nuestro tejido productivo, que se hace necesario una mayor transparencia en algún sector, que pese a usar desde siempre las NIC/ NIIF se ve con buenos ojos su adaptación a nuestro formato de PGC y que es necesario un mayor reconocimiento de la actividad del economista en el área contable y financiera, así como ocurre en un buen número de países vecinos al nuestro, lo que sin duda redundará en la calidad de la información financiera y en el adecuado desempeño/competitividad, como un eslabón más, de la pyme y cualquier entidad elaboradora de información financiera hacia el exterior.


Mas información: Consultorio Financiero-Contable nº 2.

28 feb 2009

Informe sobre la Reforma Contable (febrero 2009).

La reforma contable, cuyas normas son de obligado cumplimiento para todas las empresas españolas desde el 1 de enero de 2008, ha introducido un marco conceptual que difiere sustancialmente con los principios contables vigentes hasta entonces.
Este cambio de entendimiento respecto a los objetivos esenciales de la información financiera ha requerido, y seguirá haciéndolo (dado los problemas interpretativos a los que las empresas españolas han tenido que enfrentarse), un tiempo de adaptación de todos los implicados en su proceso de supervisión, divulgación y elaboración.

KPMG España, ha realizado un informe (cerrado en febrero 2009) sobre el grado de situación de la reforma contable. El informe se basa en 494 respuestas a un cuestionario distribuido entre los asistentes a las sesiones informativas sobre las implicaciones del nuevo plan general de contabilidad (NPGC) que KPMG organizó, en sus oficinas en España, durante los meses de octubre y noviembre de 2008, y a las que asistieron más de 2000 directivos de las empresas más importantes de España.

Recogemos a continuación algunas de las conclusiones del referido informe:  

Procesos y procedimientos afectados por la reforma

Puede observarse en el gráfico anterior en relación con los procedimientos afectados con la nueva normativa contable que han tenido que realizar en cada una de sus empresas: un 94% ha indicado el plan de cuentas, un 75% los procedimientos de cierre, un 53% el reporting, un 39% el control de gestión, un 39% los presupuestos y un 45% la consolidación.

Grado de esfuerzo en la adaptación por áreas
En este sentido, la formación(un 53% indica que han tenido que realizar bastante o mucho esfuerzo), la identificación de diferencias (55%), la adaptación a los procesos contables (44%) y la adaptación de los sistemas informáticos (39%). Mientras otras áreas parecen no haber requerido tanto esfuerzo tales como la revisión de magnitudes contables en los contratos (26%) y la adaptación de los sistemas de control de gestión (22%).

Conocimiento de las implicaciones fiscales de la reforma

Es revelador -señala el informe- que, a finales del 2008 (momento en el que se realizaron las sesiones informativas), no todos los encuestados coincidían sobre si se consideraban informados sobre las implicaciones fiscales del NPGC: mientras un 45% sí se consideraba informado, todavía había un 46% que no se consideraba informado a esas alturas del año.