Los impagados constituyen uno de los factores que provocan que una de cada cuatro pymes -en nuestro país- se encuentre con problemas financieros. La morosidad está estrechamente vinculada a la coyuntura económica. En épocas como la actual, en la que los resultados económicos atraviesan un momento difícil, a las empresas en general les cuesta cada vez mas cumplir con sus obligaciones de pago adquiridas, lo que supone el conocido aumento de la presentación de concursos de acreedores y, por supuesto, la generalización en la demora de los pagos y la escalada en la cifra de impagados.
Las últimas estadísticas disponibles se refieren a octubre de 2008 y podemos observar:
- El número de efectos de comercio devueltos por impago asciende a 665.134 en el mes de octubre, lo que supone un 46,1% más que en el mismo mes del año anterior.
- El importe de estos efectos impagados alcanza los 2.302 millones de euros, con un incremento del 91,5% respecto a octubre de 2007.
- Por noveno mes consecutivo, el importe medio de los efectos de comercio impagados superó al de los efectos vencidos. En concreto, el importe medio de los efectos impagados se situó en 3.460 euros, un 31,1% superior al de octubre de 2007, mientras que el de los vencidos ascendió a 2.919 euros, un 4,8% menos.
Este tipo de actitud es la que ha llevado a España a situarse entre los países con uno de los mayores porcentajes de pago que exceden de 60 días y con una de las medias de retraso de los pagos mayores en la Unión Europea. En España el período medio de cobro ya supera los 90 días, mientras que la media del resto de países de la UE es de 55. En el caso de las pymes este período es claramente mayor (Informa D&B).
En el marco de la UE es interesante un estudio realizado por Intrum Justitia en 25 países de la Unión Europea (se realizó la muestra en los primeros meses de 2008) que concluye que las empresas europeas perderán 250.000 millones de euros por el retraso en los pagos. El estudio elabora un ranking de mejores/peores pagadores siendo los países del sur de Europa como Portugal, Grecia y Chipre los países que más retrasan sus pagos mientras los países escandinavos como Finlandia son los más rápidos a la hora de afrontar sus deudas. Del estudio se desprende que la media en el retraso de pagos se cuantifica en 55,5 días.
La principal causa que ha generado esta situación es la falta de protocolos profesionalizados en la gestión de cobros. Así, en palabras de Luis Salvaterra, director general de Intrum Justitia “en los últimos años las empresas obtenían cuantiosos beneficios y no se preocupaban por el tema de los impagos. Actualmente el crecimiento es lento, y el interés por este tema ha aumentado considerablemente pero las empresas no están preparadas para afrontar esta situación. Además los bancos están respondiendo a la crisis endureciendo las condiciones para la concesión de créditos. Creemos que mejorar los protocolos de la gestión de crédito de las empresas ahora es vital para su supervivencia”.
La situación puede empeorar cuando nos encontramos con empresas que contratan de forma habitual con la administración pública, juntándose las dificultades de cobro con la presión que supone el interés en no perderla como cliente. Se da la paradoja de que, aunque las distintas administraciones deberían ser las primeras en dar ejemplo en este campo, la realidad es bien diferente ya que, son estas las que mas proceden a dilatar en el tiempo los pagos a los que vienen obligados con las distintas empresas españolas con las que contratan en múltiples sectores. En la sanidad, por ejemplo, no existe en la actualidad ningún servicio autonómico de salud del Estado que cumpla con el plazo legal de pago de 60 días dentro de la administración. La Comunidad Valenciana y la andaluza están a la cabeza de las administraciones morosas en lo que a sanidad se refiere, circunstancia que no ha cambiado en los últimos seis años. Curiosamente, esta situación termina derivándose en consecuencias fiscales para las empresas, como por ejemplo en impuestos como el IVA o el impuesto de sociedades teniendo que pagar por ventas realizadas pero no cobradas a la administración que precisamente les reclama el pago de ese impuesto, lo que implica una financiación por partida doble de esas compañías a la administración pública (ver artículo de ASTURECO aquí.
En el ámbito farmacéutico la demora es insoportable, Pere Brachfield, profesor de Administración de Finanzas de EAE Business School y experto en Morosología, concreta que ese aplazamiento de fechas para cumplir con los pagos se sitúa de media en 400 días, más de un año. Los plazos se alargan todavía más en comunidades como la valenciana, que tarda entre 500 y 600 días en saldar sus cuentas sanitarias. El contrapunto lo ponen en el Norte, especialmente en el País Vasco, donde, tal y como aclara Brachfield, “el sistema sanitario está concertado, y ahí cambia la cosa”. Navarra, por su parte, es “la que más respeta los plazos”, añade.
Para zanjar esta cuestión, los laboratorios farmacéuticos están recurriendo a los tribunales “cada vez más”, apuntan desde algunos de ellos. Hasta la fecha, se han registrado más de 4.000 demandas de la industria farmacéutica española en relación a esta problemática, según fuentes de mercado. A este respecto, fuentes jurídicas destacan que los suministros de especialidades farmacéuticas a Administraciones sanitarias se entienden como contratos públicos de suministro sometidos a la normativa sobre contratación pública. La demora del deudor tiene, entre otras consecuencias relevantes, el devengo de un interés equivalente al legal del dinero incrementado en 1,5 puntos porcentuales a partir de los dos meses de retraso, destacan.
Gráficos: I.N.E.
Imagen: Venmas
