Resulta conocido que el nuevo Código Penal que, regula de manera pormenorizada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entra en vigor el próximo 23 de diciembre.
Como señala el Preámbulo de la Ley, para la fijación de la responsabilidad de las personas jurídicas, se ha optado por establecer una doble vía:
- junto a la imputación de aquellos delitos cometidos en su nombre o por su cuenta, y en su provecho, por las personas que tienen poder de representación en las mismas, se añade
- la responsabilidad por aquellas infracciones propiciadas por no haber ejercido la persona jurídica el debido control sobre sus empleados, naturalmente con la imprescindible consideración de las circunstancias del caso concreto a efectos de evitar una lectura meramente objetiva de esta regla de imputación.
En este ámbito se concreta un catálogo de penas imponibles a las personas jurídicas, añadiéndose:
- respecto a las hasta ahora denominadas consecuencias accesorias (disolución, suspensión de actividades, clausura de establecimientos..).
- la multa por cuotas y proporcional, y
- la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con las Administraciones Públicas y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la seguridad social.
En esta situación, ¿qué deben hacer las empresa ante la entrada en vigor de la nueva normativa?
Recordamos, en este sentido, que el nuevo Código Penal regula taxativamente los supuestos de atenuación de la responsabilidad de las personas jurídicas, mediante el establecimiento de planes de control de prevención y detección de delitos con los siguientes elementos:
- Medidas y controles adecuados para la prevención y detección de delitos.
- Procedimientos de comunicación e información.
- Procedimientos de respuesta e investigación.
- Procedimientos de revisión y mejora del Programa.
- Todo el proceso debe estar documentado para servir como medio de prueba.
Habría que precisar, por otra parte, que al objeto de evitar que la responsabilidad penal de las personas jurídicas pueda ser burlada por una disolución encubierta o aparente o por su transformación, fusión, absorción o escisión, la nueva normativa contiene previsiones especificas donde se presume que existe la referida disolución aparente o encubierta cuando aquélla continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, trasladándose en aquellos casos la responsabilidad penal a la entidad o entidades en que se transforme, quede fusionada o absorbida y extendiéndose a la entidad o entidades a que dé lugar la escisión.
Documentación relacionada:
Imagen: Host Gator
