Reforma Fiscal (2010): subida de impuestos, más dispersión y más complejidad.

Resulta conocido que la entrada de 2010, entre otras, nos trae una subida de impuestos, casi generalizada y, además, como viene siendo ya habitual un aumento en la dispersión normativa del sistema fiscal español y, por último, también nos estamos acostumbrando al incremento de la complejidad documental y, en determinadas situaciones también, conceptual.

Admitiendo como un mal necesario, según los argumentos gubernamentales, la subida de impuestos no tiene justificación alguna, desde nuestro punto de vista, que los contribuyentes -los que sufren y pagan los impuestos- tenga que acudir a una cantidad excesiva de disposiciones para cumplir con la legalidad vigente y, por supuesto, pensando si no se quedará alguna por consultar.

Las últimas manifestaciones de la dispersión comentada están muy próximas:

• Últimas transposiciones de directivas europeas.
• Aspectos tributarios en la Ley de la Economía Sostenible
• El cajón de sastre de la Ley que regula las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI).
• Las modificaciones en los Presupuestos Generales que incluye una pléyade de modificaciones.
• Y, por último, sin ir más lejos, el pasado viernes, 8 de enero, se cambiaron determinadas obligaciones formales tributarias.

En este sentido, recientemente, el Consejo de Estado ha manifestado que en materia tributaria hay preocupación por la creciente fragmentación del ordenamiento jurídico.

De igual forma, el portavoz del colectivo que aglutina a los inspectores de Hacienda (IHE), Francisco De la Torre. Desde este colectivo señalan que el trabajo del día a día de los expertos en fiscalidad se está complicando. “Son cosas para iniciados, a veces no sabes dónde estás”, asegura.

La dispersión normativa es tremenda y la Dirección General de Tributos tiene que dar su criterio sobre cada vez más cuestiones. Además muchas de estas nuevas normativas llegan en un momento en el que se produce el mayor aumento de impuestos de la democracia, lo que no ayuda a la transparencia.

En estas circunstancias se nos ocurre una serie de atributos que podrían utilizarse para calificar, adecuadamente, el actual sistema impositivo español, que mostramos en el siguiente esquema:

Es cierto, faltan otros posibles atributos como: recaudatorio, sancionador, exigente, formal, rígido, chapucero, inseguro jurídicamente, etc.

¿Qué atributos encajan mejor? ¿Qué otros deberían añadirse? Esperamos sus aportaciones.

Y, para concluir, recogemos un detalle del impacto de la subida de impuestos en un gráfico realizado, por el Registro de Economistas y Asesores Fiscales (REAF), que nos parece muy ilustrativo:

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La Reforma Fiscal (2010) ha llegado.

El Consejo de Ministros, de 26 de septiembre, ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado para 2010, que según señala el Gobierno se enmarcan en un contexto de crisis económica generalizada a nivel mundial, pero plantean diferentes estrategias de salida y recuperación de la economía española.

Añade el Gobierno que se trata:

de unos Presupuestos austeros, comprometidos con el cambio de modelo productivo que nos permita crecer de forma equilibrada y sostenible y generar empleos de calidad, y prioriza, por tanto, el gasto en los sectores que más pueden contribuir a este cambio, como las infraestructuras, la I+D+i o la educación. Son también unos Presupuestos con un marcado carácter solidario, que garantizan la protección social a los sectores más débiles reforzando el gasto en desempleo, pensiones y dependencia.

Además, los Presupuestos combinan un esfuerzo de contención en el gasto sin precedentes en todas aquellas partidas no prioritarias, con una reforma fiscal moderada, que permitirá reconducir el déficit del Estado e iniciar la senda para el cumplimiento del compromiso del Pacto de Estabilidad y Crecimiento en el año 2012.

En relación con la reforma fiscal se confirma, lo que se venía comentando, la subida de impuestos, en cualquier caso, un incremento sustancial de los impuestos que vienen a representar en torno a 10.000 millones de euros, incidiendo fundamentalmente en el IVA, el gravamen del ahorro, la supresión de los 400 euros. Se consolida la rebaja ya anunciada de 5 puntos (Impuesto Sociedades) en PYMES y en autónomos (IRPF). No obstante, por ahora, no se sabe nada del impuesto ecológico o ecotasa que se venía anunciando

El IVA, como se esperaba, sube en dos tramos (como se muestra en el esquema que sigue) y se aplicará a partir del 1 de julio del año que viene, cuando el Gobierno confía que se consolide la recuperación económica, incidiendo de esta forma en menor medida en el consumo.

• el tipo de gravamen general sube dos puntos, situándose en el 18 por 100, y
• el reducido, uno, pasando a ser del 8 por 100,
• se mantiene, sin embargo, constante el tipo superreducido, aplicable a los bienes de primera

La recaudación adicional anual que se espera obtener con esta medida es de 5.150 millones de euros.

Por otra parte, se introduce una tributación progresiva de las rentas del ahorro, gravando los primeros seis mil euros al 19 por 100 y el resto, al 21 por 100, lo cual supondrá un incremento de la recaudación de ochocientos millones de euros.

En el IRPF se elimina la deducción de cuatrocientos euros establecida para los perceptores de rendimientos del trabajo y de actividades económicas, dado que las circunstancias que llevaron a su creación para ayudar a las familias (que tenían que afrontar una tasa del euribor, el precio del petróleo y la inflación muy elevados) han desaparecido, en opinión del Gobierno, en la actualidad. Esta supresión supondrá un efecto anual de 5.700 millones de euros.

En el Impuesto sobre Sociedades, señala el Gobierno tal y como se anunció durante el Debate del Estado de la Nación en mayo de 2009, y con el fin de proteger e incentivar el empleo:

• Se reduce temporalmente el tipo de gravamen en cinco puntos para las PYMES con menos de veinticinco trabajadores que mantengan o aumenten estos empleos y tengan una cifra de negocio inferior a cinco millones de euros.
• Asimismo, se adopta una medida similar en el IRPF para los trabajadores autónomos que mantengan o creen empleo.

El cálculo estimado de esta medida es de una reducción de setecientos millones de euros.

Concluye la referencia del Consejo de Ministros cuantificando estas medidas fiscales:

en unos ingresos adicionales de casi diez mil millones de euros en los ingresos del Estado, 6.500 de los cuales tendrán un efecto en caja durante el año 2010. Esto permite reducir en tres décimas el objetivo de estabilidad que se aprobó en el mes de junio para el Estado.

Así, el déficit para 2010 de la Administración Central se calcula en un 5,4 por 100. El resto del efecto de la mayor recaudación por la reforma fiscal se traslada a las administraciones territoriales, que podrán, de esta forma, contar con mayores ingresos para una reducción equivalente de su déficit público.

Fuente: Referencia Consejo de Ministros