El Estado registró hasta noviembre un déficit de 71.524 millones de euros en términos de contabilidad nacional, lo que equivale al 6,79% del PIB, frente al déficit de 13.967 millones obtenidos en el mismo periodo del ejercicio anterior.
Los 71.524 millones de euros de déficit son el resultado de unos recursos no financieros del Estado que ascendieron, hasta noviembre, a 97.194 millones de euros, y de unos gastos no financieros que se elevaron a 168.718 millones.
En términos de caja, una metodología contable en la que se anotan los ingresos y pagos que efectivamente se han realizado durante ese periodo, el Estado alcanzó en noviembre un déficit de 68.508 millones de euros, frente al déficit de 11.038 millones obtenidos en el mismo periodo de 2008.
El déficit obtenido debe analizarse teniendo en cuenta el aumento de la aportación del Estado al Servicio Público de Empleo Estatal para prestaciones por desempleo y la caída de la recaudación fruto de la coyuntura económica, pero también el impacto de las diferentes medidas tomadas por el Gobierno. Por lo tanto, las medidas de impulso fiscal y las iniciativas de promoción del empleo, inversiones y mayor prestación por desempleo siguen explicando la mitad del déficit.
INGRESOS NO FINANCIEROS
En las cifras de ingresos no financieros se aportan datos del conjunto de las Administraciones Públicas, antes de descontar la participación de las administraciones territoriales (CC.AA. y corporaciones locales), lo que permite hacer un análisis más completo.
La recaudación neta ascendió a 150.754 millones de euros, un 13,9% menos que en 2008. Los impuestos directos se elevaron hasta los 82.938 millones de euros, un 13,7% menos. El IRPF disminuye un 10,9%, debido en parte a la agilización de las devoluciones, a los mayores aplazamientos y a la deducción de 400 euros.
En el Impuesto de Sociedades, la tasa de descenso es de un 23,2%. En este impuesto también influyen las medidas que el Gobierno ha puesto en marcha, debido a la mayor agilización de las devoluciones, al impacto de la segunda fase de la reforma fiscal y a los menores beneficios de las empresas, dada la situación económica actual.
Los ingresos por impuestos indirectos alcanzaron los 52.579 millones de euros, un 21,3% menos que en 2008. En el lVA, la recaudación fue de 32.299 millones de euros, un 29,7% menos en comparación al ejercicio anterior. Este descenso también se debe en parte a decisiones de gestión como los mayores aplazamientos contabilizados o la ampliación del derecho de devolución mensual.
Asimismo, los ingresos por impuestos especiales se elevaron hasta los 17.758 millones de euros, disminuyendo un 1,5%. De este capítulo destaca la recaudación del Impuesto sobre el Alcohol y las bebidas derivadas, que disminuye un 11,4%, mientras que la recaudación del Impuesto sobre Hidrocarburos tiene un descenso del 3,3%.
PAGOS NO FINANCIEROS
Por lo que se refiere a los pagos no financieros, éstos representaron un total de 163.600 millones de euros, con un aumento interanual del 24,7%.
Las transferencias corrientes crecieron hasta noviembre un 28,5%, con 95.657 millones de euros, entre los que se encuentran las transferencias al Servicio Público de Empleo Estatal por una cantidad de 17.767 millones de euros. Destacan también las transferencias de capital, que aumentan un 109,0% debido a los pagos del Fondo Estatal de Inversión Local.
A finales de noviembre, el Estado obtuvo una necesidad de endeudamiento de 108.842 millones de euros, mientras que en el mismo periodo del año anterior tenía una necesidad de endeudamiento de 36.203 millones.
Abordamos la situación del procedimiento concursal en nuestro pais, con el objetivo de mostrar la realidad económica y financiera de las empresas implicadas.
En primer lugar, en esta primera entrada, describimos la situación normativa vigente, ver enlaces adjuntos, con la reciente reforma realizada y una presentación de un trabajo de PwC (100 Preguntas sobre la Ley Concursal) que nos parece interesante para ubicar el ámbito conceptual y práctico del concurso de acreedores.
Con posterioridad, en siguientes entradas, nos ocuparemos de relacionar dimensión y estructura financiera, calidad de la información contable con desequilibrios financieros.
Señala la norma recientemente aprobada que la evolución de la crisis económica global y su impacto en la economía española hacen necesaria una rápida reacción legislativa para adecuar a la nueva situación algunas de las normas que inciden directamente sobre la actividad empresarial, así como para seguir impulsando la superación de la crisis mediante el fortalecimiento la competitividad de nuestro modelo productivo.
En respuesta a estos dos objetivos, se aprueba el presente Real Decreto-ley, que afecta a regulaciones sectoriales diversas, como la tributaria, la financiera y la concursal.
Con respecto a la legislación concursal, la vigente ley se dictó en el año 2003 en un entorno económico completamente distinto al actual, y no ha sido hasta que la crisis financiera internacional se ha trasladado a las empresas cuando se ha podido comprobar la inadecuación de algunas de sus previsiones. Sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la legislación concursal a la luz de la intensa experiencia vivida en los tribunales como consecuencia de la crisis, en este momento es preciso acometer ya una serie de reformas en aquellos aspectos concretos cuyo tratamiento normativo se ha revelado más inconveniente.
Las modificaciones contenidas en el presente Decreto-ley pretenden facilitar la refinanciación de las empresas que puedan atravesar dificultades financieras que no hagan ineludible una situación de insolvencia, además de, agilizar los trámites procesales, reducir los costes de la tramitación, y mejorar la posición jurídica de los trabajadores de empresas concursadas que se vean afectados por procedimientos colectivos.
